Armonización del Derecho internacional, un reto de los Estados

Expertos nacionales e internacionales debatieron sobre novedades normativas internacionales que propician el arbitraje de inversiones, así como sus propiedades y alcances.

Si bien la ley aplicable a una controversia internacional de inversión depende de la voluntad de los Estados, expresada en el Acuerdo Internacional de Inversión, la fragmentación del Derecho internacional ha impuesto un nuevo reto en la contratación y resolución de controversias internacionales.

Así lo expresaron expertos en la materia, durante un encuentro académico que tuvo lugar en la Universidad, donde se discutieron recientes cambios en los instrumentos normativos internacionales del arbitraje.

El abogado Wilfredo Robayo, magister en Derecho internacional, explicó cómo el Derecho internacional público en general es aplicable a distintas especialidades, pero cada una de ellas se ha venido desarrollando, creando lo que la Comisión de Derecho Internacional denomina ‘regímenes autónomos o especiales’.

En ese punto advirtió que, si bien esto trae efectos favorables, también tiene consecuencias y riesgos profundos. “Es por esto que el Derecho internacional, más aún que el Derecho nacional, está fragmentado por especialidades que regulan intereses particulares”.

Esto enfrenta intereses incompatibles, para los expertos; el Derecho internacional y los tratados que en él confluyen, deben dar soluciones armónicas y coherentes, que cumplan sus objetivos en materia de medio ambiente, comercio o inversión.

“El Derecho de las inversiones es una rama particular y especial, mas no una ley autónoma aislada e independiente, por ende, debe enmarcarse en el Derecho internacional”, reiteró.

En ese sentido explicó que, aunque el Estado y el inversionista tienen derechos y obligaciones, el actor principal sigue siendo el Estado, quien tiene la responsabilidad de armonizar el Derecho internacional.

“La fragmentación del Derecho internacional es una realidad y frente a eso hay que buscar soluciones; los Estados internamente deben armonizar a través de la soberanía nacional, reconfigurando su orden nacional para que todo sea posible en el marco de las relaciones internacionales”, manifestó.

De otro lado, criticó el concepto de ‘Derecho global’ entendido como la proliferación de tratados internacionales en distintas materias.

“Si se pudieran homogenizar las relaciones comerciales habría competencia desleal por parte de los Estados para ganar algún tipo de inversiones, (lo) que después traería condiciones negativas a los Estados”, advirtió Robayo.

Arbitraje y postconflicto

Aunque el arbitraje de inversiones ha sido visto como un instrumento que no toma en cuenta las prioridades de la sociedad civil, sino que protege al Estado e inversionistas por su flujo de capital, los expertos coincidieron en la necesidad de armonizar el Derecho con las normas nacionales que se derivan del acuerdo de paz con las FARC.

Puntualmente se refirieron a las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), territorios especiales aptos para la agricultura, la ganadería, la pesca o los desarrollos forestales, pero alejados de los centros urbanos, con baja densidad de población y limitada infraestructura.

Dicha ley podría restringir los usos comerciales y de explotación de algunos territorios de interés para inversionistas, por lo que podría presentarse una controversia en esta materia.

“Hay que convencer a los demás Estados de que, si hay una cooperación internacional para el postconflicto, no solamente debe ser un compromiso de enviar dinero o financiación, sino un compromiso para renegociar tratados”, concluyó Robayo.

El evento contó con la participación de Andrés Cárdenas Muñoz, asesor del equipo interinstitucional del Gobierno, encargado de la negociación de acuerdos internacionales de inversión y actual director de la línea de investigación en Contratación y Resolución de Controversias Internacionales – CYRCI, del Externado.

También intervino Felipe Mutis, abogado graduado con honores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana y especialista en Derecho Administrativo de la misma universidad.