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title: "Sesión No. 19 de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta"
summary: "Sesión No. 19 de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta. Noticia de Derecho en la Universidad Externado de Colombia. La Cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta llevó a cabo su sesión No. 19 del año 2026, titulada «Alianzas y coaliciones electorales: de la estrategia política a los problemas constitucionales», con el Dr. Pedro Pablo Vanegas Gil como ponente invitado, quien presentó algunas de las principales discusiones constitucionales y jurisprudenciales que suscita esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano."
description: "La Cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta llevó a cabo su sesión No. 19 del año 2026, titulada «Alianzas y coaliciones electorales: de la estrategia política a los problemas constitucionales», con el Dr. Pedro Pablo Vanegas Gil como ponente invitado, quien presentó algunas de las principales discusiones constitucionales y jurisprudenciales que suscita esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano."
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site: "Universidad Externado de Colombia"
section: "Derecho"
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Publicado: 17 de noviembre de 2026

# Sesión No. 19 de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta

La Cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta llevó a cabo su sesión No. 19 del año 2026, titulada «Alianzas y coaliciones electorales: de la estrategia política a los problemas constitucionales», con el Dr. Pedro Pablo Vanegas Gil como ponente invitado, quien presentó algunas de las principales discusiones constitucionales y jurisprudenciales que suscita esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano.

La sesión, moderada por la Dra. Floralba Padrón Pardo, contó con la participación del Dr. Pedro Pablo Vanegas Gil, presidente y magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado, y profesor e investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Durante el encuentro, el magistrado expuso las principales reflexiones de su capítulo “Alianzas o coaliciones electorales en el procedimiento electoral colombiano: de la estrategia electoral a los problemas constitucionales”, publicado en el libro Inventario de problemas constitucionales.

Al abrir la jornada, la moderadora destacó que la discusión daba continuidad a las reflexiones desarrolladas en sesiones anteriores sobre las tensiones entre la doble militancia y las coaliciones electorales. En particular, recordó los planteamientos del Registrador Nacional del Estado Civil y de la exconsejera de Estado Rocío Araujo Oñate, cuyas intervenciones habían abordado las posibles contradicciones entre ambas figuras.

El Dr. Vanegas Gil partió de la premisa de que la salud de las democracias depende, en buena medida, de la solidez de sus procedimientos electorales. En ese sentido, sostuvo que la postulación de candidatos no constituye un simple trámite administrativo, sino el mecanismo que articula la voluntad popular con el ejercicio del poder político. A partir de esta consideración, señaló que el sistema electoral colombiano presenta una paradoja institucional caracterizada por un “superávit constitucional” y un “déficit legislativo”, en la medida en que la falta de desarrollo normativo por parte del Congreso ha trasladado a la Constitución y a los jueces la tarea de resolver numerosos problemas propios de la regulación electoral.

En relación con las alianzas y coaliciones, el ponente explicó que, desde la ciencia política, las primeras corresponden a acuerdos previos para presentar candidaturas conjuntas, mientras que las segundas suelen surgir después de las elecciones, particularmente para conformar gobiernos. Sin embargo, precisó que el derecho electoral colombiano utiliza ambos conceptos de manera indistinta para referirse a los acuerdos entre organizaciones políticas dirigidos a presentar candidaturas comunes.

El expositor también abordó la evolución normativa de las coaliciones electorales en Colombia. Explicó que, aunque la Constitución de 1991 y la Ley 130 de 1994 no establecieron inicialmente una regulación integral de esta figura, su reconocimiento se produjo progresivamente a través de la jurisprudencia y de diferentes reformas constitucionales y legales. Destacó, en particular, el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, que reguló las coaliciones para cargos uninominales, y el Acto Legislativo 02 de 2015, que extendió esta posibilidad a las corporaciones públicas mediante la incorporación del artículo 262 de la Constitución Política.

A partir de este desarrollo normativo, el Dr. Pedro Pablo identificó varios problemas constitucionales que han debido ser resueltos por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Uno de ellos corresponde a la aplicación directa del artículo 262 constitucional. Al respecto, recordó que, con ocasión de las elecciones al Congreso de 2018 y de la inscripción de la denominada Lista de la Decencia, surgió una controversia sobre la necesidad de contar con un desarrollo legal para aplicar la disposición constitucional. En sentencia del 13 de diciembre de 2018, con ponencia de la magistrada Rocío Araujo Oñate, la Sección Quinta concluyó que la norma contenía disposiciones autosuficientes que permitían su aplicación directa, incluso ante la ausencia de regulación legislativa.

Otro de los asuntos examinados fue el cálculo del límite del 15 % de los votos válidos para la conformación de coaliciones a corporaciones públicas. El magistrado explicó que la Sección Quinta adoptó el criterio de la doble coincidencia, conforme al cual debe tomarse como referencia la votación obtenida en la elección anterior para la misma circunscripción y la misma corporación. Esta interpretación ha permitido resolver controversias relacionadas con la inscripción de listas en coalición y con las demandas presentadas contra integrantes de la coalición Pacto Histórico en las elecciones de 2022.

Asimismo, el ponente se refirió a las dificultades que surgen cuando los partidos políticos modifican sus socios de coalición entre una elección y otra. Sobre este punto, destacó la sentencia del 9 de octubre de 2025, con ponencia del propio magistrado, en la que la Sección Quinta resolvió la manera de atribuir los votos obtenidos por una coalición anterior cuando sus integrantes deciden conformar nuevas alianzas. Ante la ausencia de una regla legal específica, la corporación acudió a la aplicación analógica del artículo 13 de la Ley 130 de 1994 y estableció que la votación debía atribuirse de acuerdo con los porcentajes pactados por los partidos para la distribución de los aportes estatales. El magistrado advirtió, no obstante, que continúan pendientes otros escenarios, como la transformación de una coalición en partido político y los procesos de fusión o escisión de las organizaciones que la integran.

En materia de personería jurídica, el expositor explicó que las coaliciones electorales permiten a los partidos minoritarios conservar su personería jurídica cuando alcanzan conjuntamente los umbrales constitucionales, pero no adquirirla por primera vez. En este contexto, cuestionó la interpretación acogida por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-175 de 2025, al considerar que la distinción entre integrar una coalición y presentar una lista no resulta comprensible a partir del texto constitucional ni de la línea jurisprudencial que había desarrollado la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Uno de los puntos centrales de la exposición fue la relación entre las coaliciones electorales y la prohibición de doble militancia. El Dr. Vanegas Gil explicó que la candidatura en coalición no supone una multiafiliación política, puesto que el candidato conserva su pertenencia al partido de origen y así lo declara al momento de la inscripción. En consecuencia, la participación en actividades o convenciones de otros partidos que integran la coalición no implica, por sí misma, una modificación de su afiliación política.

Sin embargo, advirtió que las mayores dificultades se presentan en la modalidad de apoyo de la doble militancia. En particular, señaló que un candidato inscrito por una coalición puede enfrentar restricciones para apoyar las listas que los partidos integrantes de esa misma coalición presentan de manera independiente a otras corporaciones públicas. Esta situación plantea importantes desafíos de cara a las elecciones territoriales de 2027, especialmente si se tiene en cuenta que los partidos pueden establecer alianzas diferentes según el cargo o la corporación a la que aspiren sus candidatos.

El magistrado también examinó las implicaciones de las coaliciones en el régimen de bancadas. Sobre este particular, precisó que las coaliciones electorales no constituyen una bancada, pues esta se integra por los miembros elegidos de un mismo partido político. Por tanto, la disciplina partidista y las consecuencias derivadas de su incumplimiento continúan sujetas a los estatutos de cada organización, sin que los acuerdos de coalición puedan sustituir la identidad ni la autonomía de los partidos que los suscriben.

Finalmente, el Dr. Pedro Pablo sostuvo que la falta de desarrollo legislativo ha convertido a la Constitución en una suerte de código electoral, trasladando al Consejo de Estado la responsabilidad de resolver los vacíos normativos que surgen en la práctica. Aunque reconoció que la labor jurisprudencial de la Sección Quinta ha contribuido a proteger los derechos políticos y a brindar estabilidad al sistema electoral, insistió en que la certidumbre de una democracia no puede depender indefinidamente de la creación jurisprudencial y que corresponde al legislador asumir la tarea de establecer reglas claras e integrales en esta materia.

Entre las conclusiones del encuentro se destacó que la regulación de las coaliciones electorales en Colombia presenta importantes vacíos normativos que han debido ser resueltos mediante la interpretación judicial, particularmente en asuntos relacionados con la aplicación directa del artículo 262 constitucional, el cálculo del límite del 15 % de los votos, la atribución de la votación entre partidos que modifican sus alianzas y el alcance de la personería jurídica.

Asimismo, se advirtió que la relación entre las coaliciones electorales y la prohibición de doble militancia constituye uno de los principales desafíos del régimen electoral colombiano, especialmente por las dificultades que plantea la modalidad de apoyo y su aplicación de cara a las elecciones territoriales de 2027.

Finalmente, se resaltó la necesidad de avanzar hacia una regulación legislativa integral que permita superar los vacíos existentes y brindar mayor seguridad jurídica a las organizaciones políticas, los candidatos y los electores. Si bien la jurisprudencia ha desempeñado un papel fundamental en la consolidación de las reglas aplicables a las coaliciones, la estabilidad y la certeza del sistema democrático requieren un marco normativo claro que no descanse exclusivamente en la intervención de los jueces.

[Relatoría N°19 ICRP](https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2026/11/Relatoria-19-ICRP-2026-Pedro-Pablo-Vanegas-Alianzas-y-Coaliciones.pdf)

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