Conviene reformar la institucionalidad para identificar proyectos acordes a las necesidades del territorio, la comunidad y los operadores

Este 25 de mayo, en la Universidad Externado de Colombia, el departamento de Derecho de las Telecomunicaciones desarrolló el Seminario ‘Infraestructura de Telecomunicaciones y Consulta Previa’, en el que expertos analizaron, desde la perspectiva constitucional y desde la visión del sector de las telecomunicaciones, las implicaciones de la sentencia T-446 de 2021, proferida recientemente por la Corte Constitucional.

Durante la instalación del Seminario, el rector del Externado, Hernando Parra Nieto, resaltó la importancia de la consulta previa a las comunidades étnicas ante el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones en determinados territorios, para garantizar la conectividad en el país, respetando los intereses de los pueblos ancestrales.

“Resulta de especial interés para el estudio del derecho de las telecomunicaciones la reciente sentencia T-446 de 2021, proferida por la Corte Constitucional y por medio de la cual se dirime una controversia existente entre el Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de Mindalá y la empresa Comunicación Celular Comcel S.A. y otros, siendo de fundamental atención lo referido por el máximo tribunal respecto a la importancia de la consulta previa a las comunidades étnicas, objeto de protección constitucional, ante el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones en determinados territorios, de forma tal que se realice un especial énfasis en los derechos fundamentales de los involucrados y un adecuado ejercicio de ponderación sobre los mismos, de cara a cristalizar los objetivos de conectividad en todo el territorio nacional, respetando a su vez los intereses de los pueblos ancestrales”, afirmó Parra Nieto.

Carmen Ligia Valderrama, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, explicó que dos de los objetivos principales del Gobierno nacional son: (i) garantizar la conectividad en todo el territorio nacional, es decir, llegar al mayor número de personas posibles y (ii) alcanzar la transformación digital, que implica acompañar a los colombianos en el uso y apropiación de las tecnologías de la información.

La Ministra agradeció al Externado por propiciar el espacio, ya que el tema de consulta previa es de gran importancia para el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, teniendo en cuenta que esta incide en el despliegue de la infraestructura.

El viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, recomendó a los inversores y empresas de telecomunicaciones gestionar la consulta previa ante la Dirección de Autoridad Nacional y Consulta Previa, especialmente cuando hay presencia de comunidades étnicas y se detecten criterios de afectación.

Para el presidente de Asomóvil, Samuel Hoyos, la consulta previa no se debe convertir en un «mecanismo de división, de generar mayor conflicto social, de marcar diferencias que afecten una armónica y sana convivencia con el resto de colombianos».

Hoyos afirmó que, en los proyectos para ampliar la red de telecomunicaciones, no hay afectación directa a las comunidades, teniendo en cuenta que la infraestructura es individual y específica, el impacto al medio ambiente es mínimo, no hay afectación a la salud de las personas, y el montaje y la construcción son rápidos: “Por tanto, no se deberían adelantar procesos de consulta previa. Sí debe haber conversación y diálogo con la comunidad, pero no como una barrera, sino como un proceso para llevar desarrollo conjunto a las comunidades”.

Sandra Milena Ortiz Laverde, directora del departamento de Derecho de las Telecomunicaciones, concluyó que “se deben tener espacios de conocimiento de las comunidades, para conocer las dinámicas de cada comunidad y así determinar los elementos que se deben incorporar en la Ley estatutaria”. También reiteró la importancia de las comunicaciones para el desarrollo de las comunidades, por eso, “es vital crear espacios de diálogo desde la visión municipal y nacional sobre conectividad y despliegue de infraestructura”.

Por último, resaltó que es conveniente reformar la institucionalidad municipal y rural: “De esta manera se podrán identificar los nuevos proyectos que sean acordes a las necesidades del territorio, de la comunidad y de los operadores”.