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Foro: Dilemas jurídicos del proceso de paz

Se produjeron insumos valiosos para la paz

No obstante las diferencias, muchas de ellas profundas, evidenciadas en la mañana de hoy durante el primer panel del Foro Dilemas Jurídicos del Proceso de Paz, organizado por la Universidad Externado de Colombia, Ámbito Jurídico y CIT-pax Colombia, se pudo comprobar la aseveración del Rector del Externado, Juan Carlos Henao, en el sentido de que “ninguno de los asistentes al debate ha echado la llave de la paz al mar” y que existen posibilidades de que Colombia logre un consenso sobre la manera de obtenerla, que es, en definitiva, el punto crucial.

En el panel inaugural del Foro, en el que se discutió  marco Jurídico para la paz, aprobado por el Congreso nacional,  participaron el Fiscal General de la Nación Luis Eduardo Montealegre, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, el Presidente del Senado de la República Roy Barreras y la Magistrada Auxiliar de la Corte Constitucional Clara Elena Reales, como panelistas, y el Rector del Externado, Juan Carlos Henao, como moderador.

Sin renunciar a sus posiciones, los participantes se mostraron dispuestos a salirse de un esquema flanqueado por el blanco y el negro y se atrevieron a aproximarse en busca de algunos grises necesarios. De hecho, frente a uno de los principales disensos, relativos al juzgamiento de los alzados en armas, el Procurador General admitió que “la sociedad y el Estado deben estar dispuestos a una dosis de impunidad” y reconoció que se puede pensar en un sistema que privilegie el juzgamiento de los máximos responsables y que algunos guerrilleros podrían acceder a beneficios como reducción de la pena y lugares de reclusión diferentes a la cárcel.

A lo largo del debate como lo explicó el rector Henao, se enfrentaron dos posiciones relativas al papel de la justicia con respecto a los guerrilleros: un modelo ‘maximalista’ que sugiere que todos los implicados en el conflicto armado deber ser judicializados y uno ‘minimalista’, que propone el Marco para la paz, que opta por el juzgamiento de los máximos responsables, solamente.

Entre otros, los planteamientos del Procurador General giraron en torno de la inconstitucionalidad del Marco Jurídico para la paz –que fue expuesto en detalle por el senador Roy Barreras- al que calificó como ‘una amnistía encubierta’; la necesidad de  imponer penas privativas de la libertad, pues en su concepto la idea de la suspensión de la pena es “una caricatura de justicia” y  las barreras que imponen los organismos penales internacionales para las propuestas contenidas en el Marco. En opinión del jefe del Ministerio Público, dichas instituciones se opondrían de plano, por ejemplo, a una pena de 8 años para delitos de lesa humanidad.

El Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre planteó desde el comienzo el contrapunto a las posiciones del Procurador al señalar que el país no puede aventurarse en la utopía de juzgar a todo el mundo  para caer en una paz endeble y ficticia.  Indicó que la privación de la libertad no es la única manera de reaccionar frente a los delitos cometidos por los alzados en armas y explicó que el derecho penal debe sopesar el contexto social con el fin último de lograr la paz.

Montealegre señaló que antes que conceptos inamovibles, rígidos y absolutos, el derecho ha evolucionado hacia posiciones flexibles de las que se infiere el relativismo de ciertos derechos fundamentales en función de otros, en este caso, el de la paz.  De acuerdo con el Fiscal no hay tal rigidez en los organismos internacionales, del derecho penal, pues estos comprenden las exigencias del contexto social y de una coyuntura específica. “La inflexibilidad conduce a la tragedia. No podemos sacrificar la paz en aras de una utopía”, dijo finalmente el Fiscal.

Participación de las FARC y refrendación ciudadana

Una Asamblea Nacional Constituyente como la que proponen las FARC como mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz, una vez firmados, pondría en riesgo los avances democráticos de la Constitución de 1991, porque podrían interponerse intereses y concepciones contrarios al espíritu de apertura política y tolerancia de la Carta.
 
Esta fue la opinión expuesta por el profesor, expresidente de la Corte Constitucional y exsenador Carlos Gaviria Díaz, en su intervención en el segundo panel del Foro, relativo a la manera de propiciar la participación política de los insurgentes que se reincorporen a la vida civil.

Los participantes en este panel, integrado por los exmagistrados Gaviria Díaz y Humberto Sierra Porto (hoy juez de la Corte interamericana de Derechos Humanos); el profesor Rodolfo Arango y el senador John Sudarsky, coinciden en que debe haber reformas y cambios que favorezcan la participación no solo de las FARC sino de todo el pueblo colombiano. Sin embargo cada cual aportó su enfoque particular.

En general, los panelistas expresaron la inconveniencia de la Asamblea Constituyente y se mostraron amigos de otros mecanismos de refrendación de los posibles acuerdos, como el plebiscito o el referendo. El profesor Gaviria Díaz, expresó preocupación por la ausencia de un clima de tolerancia hacia las FARC en la opinión pública colombiana, favorecido por la misma organización guerrillera y por una campaña mediática que según el  catedrático complica la inserción del grupo en la política. Una situación que debe superarse mediante estrategias como el establecimiento de un Estatuto de la oposición que facilite la intervención de las voces disidentes.

Al mencionar algunos de los problemas que se enfrentan  en el propósito de abrir espacios políticos a quienes regresen a la institucionalidad, el profesor de la Universidad de los Andes, Rodolfo Arango, puso de presente cómo el pueblo colombiano se halla en medio de dos visiones relacionadas con el tema electoral: por un lado, la que defiende el régimen actual, corrupto, descalificado por las FARC y por muchos otros como ámbito legítimo de acción política y, por el otro, un modelo de participación propuesto por el grupo insurgente, que excede el plano electoral y que se refiere a los  social y cultural. Sin embargo, de acuerdo con el docente, será el pueblo colombiano, que está en el centro de la discusión, el que defina el modelo de participación de los nuevos actores y los cambios que deben plantearse al actual régimen.

Entretanto, el senador John Sudarsky, del Partido verde dio a conocer una iniciativa suya de reforma constitucional al régimen electoral colombiano, para garantizar una nuevas condiciones de participación política en Colombia.
   
Otros de los participantes en esta parte del foro señalaron las dificultades planteadas por el tiempo, y señalaron los riesgos que implica una coincidencia del proceso de paz con la época electoral colombiana, situación que la mayoría considero indeseable.

Implementación de los acuerdos: fase III del proceso de paz

La construcción de la paz en una fase posterior a la firma de los acuerdos que se preparan  en La Habana, tiene que sacarse de Bogotá, para localizarse en las regiones del país; los departamentos y los municipios están llamados a ser protagonistas número uno en este proceso que esperamos ver concretado todos los colombianos.

En este y otros puntos coincidieron los panelistas invitados a la tercera sección del foro que se desarrolló el 9 de mayo en la Universidad Externado de Colombia, alrededor de los Dilemas Jurídicos del proceso de paz, el exgobernador y exconstituyente Antonio Navarro Wolf y el ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez.

Ambos señalaron que el ordenamiento territorial es una asignatura pendiente, heredada de los tiempos de la Asamblea Constituyente y que para saldar esa deuda debe realizarse una reforma que le otorgue herramientas jurídicas, políticas y técnicas a las regiones, así como recursos económicos y capital humano para que allí se realicen efectivamente las expectativas de la paz.   

En la discusión se reconoció la vulnerabilidad de departamentos y municipios para resolver graves problemas que exige la recuperación de la paz. Otros elementos considerados como fundamentales en el posconflicto, tanto por el Ministro como por Navarro, fueron entre otros, la participación del sector privado, la reforma fiscal regional, cualificación de la política regional y una estrategia integral de participación ciudadana.

En el debate se destacó, igualmente, el llamado de Antonio Navarro al Estado en el sentido de no abandonar a su suerte a quienes busquen su reintegración  a la vida civil pues están expuestos a toda clase de riesgos, entre ellos su regreso a las organizaciones armadas o su vinculación con el narcotráfico u otros delitos.  “Yo propongo que el Estado asuma a todos los miembros de las FARC que decidan reintegrarse a la sociedad civil, les dé un salario mensual y les garanticé su educación –la mayoría de estas personas no sabe leer y escribir-. Algunos de ellos, yo los incorporaría a un mecanismo de fuerza pública porque quien más sabe de seguridad es el experto en inseguridad, el guerrillero que conoce las trochas y los caminos rurales, el que le va a permitir al Estado mejorar su relación con la población”, sostuvo Navarro.          

Más información

Inscripciones a través de: www.ambitojudico.com y www.legis.com.co

 

 
 

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